SOCIALES
Kiriko
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EL CUENTO DE LA COOPERACIÓN Y AYUDA INTERNACIONAL PARA HACER[SE]-Y ADUEÑARSE- DEL AGUA
¿Un servicio publico o negocio privado?
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Adiós a los ríos anchos, profundos y ajeno$$$...
PRIVATIZACIÓN DEL AGUA:EL ULTIMO AFÁN COMERCIAL DEL BANCO MUNDIAL.
por Maude Barlow y Tony Clarke
El Banco Mundial está utilizando su poder financiero para obligar a los países a privatizar los servicios de suministro y tratamiento de aguas. Con ello permiten a las transnacionales del agua obtener pingües ganancias aún cuando los consumidores pobres corren el riesgo de que el agua deje de correr por sus grifos.
Los impactos de los programas de ajuste estructural del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre los países del Sur han sido bien documentados en los sectores de la salud y la educación, la seguridad alimentaria y el empleo. Sin embargo, menos se conoce sobre los impactos de la última obsesión del Banco Mundial: la privatización de los servicios de suministro de agua. En los últimos años, el Banco Mundial ha estado imponiendo silenciosamente en país tras país un sistema de suministro y tratamiento de aguas orientado al lucro, dejando sin acceso al líquido a millones de personas.
El Banco Mundial aprovecha el modelo de desarrollo del “Consenso de Washington” adoptado ahora por sus países donantes para promover los intereses de un puñado de transnacionales del agua. En lugar de aplicar sus abultados fondos a la capacitación y experiencia del sector público, reconociendo con ello que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial, el Banco Mundial está forzando a muchos países a que conviertan sus recursos de agua en mercancía y los vendan al mejor postor.
Ingreso de ganancias
Actualmente hay 10 grandes empresas que proveen servicios de suministro de agua potable con fines de lucro. De ellas, las tres mayores (Suez y Vivendi -con el nuevo nombre de Veolia Environment-, de Francia, y RWE-AG, de Alemania) brindan servicios de suministro de agua y saneamiento a casi 300 millones de clientes en más de cien países. Junto con las demás empresas, como Bouygues SAUR, Thames Water (propiedad de RWE) y Bechtel-United Utilities, están en una carrera para expandir sus servicios a todos los rincones del planeta. Su crecimiento es exponencial: hace una década, sus servicios abarcaban a 51 millones de personas en sólo 12 países. Y si bien menos del diez por ciento de los sistemas de servicios de agua del mundo están actualmente bajo control privado, al ritmo de expansión que llevan, en una década las tres mayores empresas controlarán en conjunto más del 70 por ciento de los sistemas de servicios de agua de Europa y América del Norte.
El aumento de los ingresos de las tres grandes compañías ha sido muy rápido. Hace diez años, Vivendi obtuvo ingresos del orden de los 5.000 millones de dólares vinculados a los servicios de agua. Para 2002 los había aumentado a más de 12.000 millones. RWE, que entró al mercado mundial con la adquisición de la compañía británica Thames Water, aumentó los ingresos del rubro servicios de agua un increíble 9.786 por ciento en diez años. Las tres empresas están entre las cien mayores firmas del mundo. Juntas tuvieron en 2001 un ingreso anual de casi 160.000 millones de dólares y su crecimiento es de diez por ciento anual, superando a las economías de muchos de los países en que actúan. También tienen más personal que la mayoría de los gobiernos: Vivendi tiene 295.000 empleados en todo el mundo, y Suez 173.000.
El Banco Mundial sirve los intereses de las compañías de agua tanto a través de sus programas habituales de préstamo a los gobiernos -que con frecuencia tienen condiciones adjuntas que requieren explícitamente la privatización del suministro de agua-, como de su brazo para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional, que invierte en proyectos de privatización y otorga préstamos a las compañías que los ponen en práctica. En la última década, el Banco Mundial prestó alrededor de 20.000 millones de dólares para proyectos relativos a suministro de agua, constituyéndose en el principal financiador de la privatización. Un estudio llevado a cabo durante un año por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, un proyecto del Center for Public Integrity (Centro de Integridad Pública), con sede en Washington, publicado en febrero de 2003, reveló que la mayoría de los préstamos del Banco Mundial destinados a proyectos de agua en los últimos cinco años han exigido la conversión de sistemas públicos a privados como condición para la transacción.
El desempeño de esas compañías en Europa y el mundo en desarrollo ha sido bien documentado: enormes ganancias, aumento de los precios del agua, cortes para los clientes que no pueden pagar, poca transparencia en las transacciones, menor calidad del agua, soborno y corrupción.
Hay muchos ejemplos. La famosa “guerra del agua” de 2001 de Bolivia fue un resultado directo de una iniciativa del Banco Mundial que involucró a una subsidiaria de Bechtel. Cuando el precio del agua se triplicó después de introducida la privatización, miles de personas salieron a las calles en protesta, hasta que el gobierno dio marcha atrás y tuvo que decirle a la compañía que abandonara el negocio. Actualmente, Bechtel ha iniciado un juicio contra el gobierno de Bolivia reclamando millones de dólares de un tratado de inversión bilateral por pérdidas de futuras ganancias (ver “World Bank’s ICSID to Hear Case on Bolivia Water Privatization”, Economic Justice News, octubre 2002).
En julio de 2002, cuando la crisis financiera de Argentina, la empresa Suez canceló el contrato de 30 años con respaldo del Banco Mundial para la prestación de servicios de suministro de agua y saneamiento a la ciudad de Buenos Aires. La crisis implicó que la compañía no pudiera mantener sus márgenes de ganancias. Para empeorar las cosas, la compañía dejó tras de sí todo un lío. Durante los primeros ocho años del contrato, la debilidad de las prácticas regulatorias y las renegociaciones de contratos que eliminaron el riesgo de la empresa, permitieron que la filial de Suez, Aguas Argentinas S.A., tuviera un margen de ganancia de 19 por ciento sobre su valor neto promedio. Las tarifas del agua, que la compañía dijo se reducirían en 27 por ciento, en realidad aumentaron 20 por ciento. El 50 por ciento de los empleados fueron despedidos, y Aguas Argentinas incumplió sus obligaciones contractuales de construir una nueva planta de tratamiento de las aguas residuales. Como consecuencia, más de 95 por ciento de las aguas residuales de la ciudad se vuelcan directamente al Río de la Plata.
SAUR distribuye el agua en todo Senegal en función de intereses de lucro. En 1996, la compañía obtuvo el contrato con un préstamo de 96 millones de dólares del Banco Mundial. El acuerdo establece explícitamente que su objetivo es la “recuperación del costo” -que significa ganancias para los inversionistas- y estipula la necesidad de cobrar por el costo del agua, incluso a los hogares pobres. Como resultado, al igual que en muchos otros países de África, numerosos ciudadanos senegaleses se ven forzados a utilizar sistemas de agua no tratada. El gobierno de Sudáfrica, por ejemplo, ha cortado el suministro de agua a más de 10 millones de personas en los últimos dos años porque no pudieron pagar el nuevo servicio privatizado, a pesar de una garantía constitucional que estipula el acceso de todas las personas al agua.
En un esfuerzo destinado a atraer fondos del Banco Mundial, el presidente de México, Vicente Fox, ha establecido un programa nacional llamado PROMAGUA. Ahora actúa en 27 de los 30 estados del país, y promueve activamente la privatización de los servicios de agua en ciudades de más de 100.000 habitantes. En gran medida financiado por una partida del Banco Mundial de 250 millones de dólares, PROMAGUA promueve que las ciudades abran sus sistemas públicos de suministro de agua a empresas privadas firmando concesiones de entre cinco y 50 años. Como consecuencia, las dos gigantes del agua, Suez y Vivendi, junto con United Utilities and Aquas de Barcelona, han realizado empresas conjuntas (joint ventures) con compañías mexicanas para asumir el control de los sistemas públicos de suministro de agua en función de intereses de lucro. Actualmente, cerca del 20 por ciento de los sistemas municipales de agua de México están privatizados. Lo que es más, hay numerosos ejemplos de que esas compañías privadas han aumentado las tarifas del agua y han suspendido los servicios a quienes no pueden pagar las cuentas, reduciendo a la vez la calidad del agua y negándose a realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, como por ejemplo cañerías con problemas de filtración.
Historias como esas han provocado una gran reacción contra esas empresas, quey en muchos países están tocando una rápida retirada. Sin embargo, a pesar de una creciente oposición pública, el Banco Mundial acaba de anunciar que aumentó los fondos destinados a los proyectos de privatización de agua de 1.300 millones de dólares en 2003 a 4.000 millones para 2004. Esto es porque las empresas del agua están exigiendo una financiación garantizada para mantener sus márgenes de ganancia, aún cuando su presencia sea ferozmente resistida por la sociedad.
El Banco Mundial dice que ha aprendido de sus errores pasados. Sus acciones en torno a la creciente crisis mundial del agua muestran que sigue siendo la misma vieja institución, sin reformas.
El presente artículo ha sido reproducido de Economic Justice News (Vol. 7, Nº º, enero de 2004), una publicación de 50 Years Is Enough: US Network for Global Economic Justice.
Por más información consultar el estudio de los autores “Blue Gold, The Fight to Stop Corporate Theft of the World’s Water”, publicado en 17 países.
El Banco Mundial aprovecha el modelo de desarrollo del “Consenso de Washington” adoptado ahora por sus países donantes para promover los intereses de un puñado de transnacionales del agua. En lugar de aplicar sus abultados fondos a la capacitación y experiencia del sector público, reconociendo con ello que el agua es un derecho humano y un servicio público esencial, el Banco Mundial está forzando a muchos países a que conviertan sus recursos de agua en mercancía y los vendan al mejor postor.
Ingreso de ganancias
Actualmente hay 10 grandes empresas que proveen servicios de suministro de agua potable con fines de lucro. De ellas, las tres mayores (Suez y Vivendi -con el nuevo nombre de Veolia Environment-, de Francia, y RWE-AG, de Alemania) brindan servicios de suministro de agua y saneamiento a casi 300 millones de clientes en más de cien países. Junto con las demás empresas, como Bouygues SAUR, Thames Water (propiedad de RWE) y Bechtel-United Utilities, están en una carrera para expandir sus servicios a todos los rincones del planeta. Su crecimiento es exponencial: hace una década, sus servicios abarcaban a 51 millones de personas en sólo 12 países. Y si bien menos del diez por ciento de los sistemas de servicios de agua del mundo están actualmente bajo control privado, al ritmo de expansión que llevan, en una década las tres mayores empresas controlarán en conjunto más del 70 por ciento de los sistemas de servicios de agua de Europa y América del Norte.
El aumento de los ingresos de las tres grandes compañías ha sido muy rápido. Hace diez años, Vivendi obtuvo ingresos del orden de los 5.000 millones de dólares vinculados a los servicios de agua. Para 2002 los había aumentado a más de 12.000 millones. RWE, que entró al mercado mundial con la adquisición de la compañía británica Thames Water, aumentó los ingresos del rubro servicios de agua un increíble 9.786 por ciento en diez años. Las tres empresas están entre las cien mayores firmas del mundo. Juntas tuvieron en 2001 un ingreso anual de casi 160.000 millones de dólares y su crecimiento es de diez por ciento anual, superando a las economías de muchos de los países en que actúan. También tienen más personal que la mayoría de los gobiernos: Vivendi tiene 295.000 empleados en todo el mundo, y Suez 173.000.
El Banco Mundial sirve los intereses de las compañías de agua tanto a través de sus programas habituales de préstamo a los gobiernos -que con frecuencia tienen condiciones adjuntas que requieren explícitamente la privatización del suministro de agua-, como de su brazo para el sector privado, la Corporación Financiera Internacional, que invierte en proyectos de privatización y otorga préstamos a las compañías que los ponen en práctica. En la última década, el Banco Mundial prestó alrededor de 20.000 millones de dólares para proyectos relativos a suministro de agua, constituyéndose en el principal financiador de la privatización. Un estudio llevado a cabo durante un año por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, un proyecto del Center for Public Integrity (Centro de Integridad Pública), con sede en Washington, publicado en febrero de 2003, reveló que la mayoría de los préstamos del Banco Mundial destinados a proyectos de agua en los últimos cinco años han exigido la conversión de sistemas públicos a privados como condición para la transacción.
El desempeño de esas compañías en Europa y el mundo en desarrollo ha sido bien documentado: enormes ganancias, aumento de los precios del agua, cortes para los clientes que no pueden pagar, poca transparencia en las transacciones, menor calidad del agua, soborno y corrupción.
Hay muchos ejemplos. La famosa “guerra del agua” de 2001 de Bolivia fue un resultado directo de una iniciativa del Banco Mundial que involucró a una subsidiaria de Bechtel. Cuando el precio del agua se triplicó después de introducida la privatización, miles de personas salieron a las calles en protesta, hasta que el gobierno dio marcha atrás y tuvo que decirle a la compañía que abandonara el negocio. Actualmente, Bechtel ha iniciado un juicio contra el gobierno de Bolivia reclamando millones de dólares de un tratado de inversión bilateral por pérdidas de futuras ganancias (ver “World Bank’s ICSID to Hear Case on Bolivia Water Privatization”, Economic Justice News, octubre 2002).
En julio de 2002, cuando la crisis financiera de Argentina, la empresa Suez canceló el contrato de 30 años con respaldo del Banco Mundial para la prestación de servicios de suministro de agua y saneamiento a la ciudad de Buenos Aires. La crisis implicó que la compañía no pudiera mantener sus márgenes de ganancias. Para empeorar las cosas, la compañía dejó tras de sí todo un lío. Durante los primeros ocho años del contrato, la debilidad de las prácticas regulatorias y las renegociaciones de contratos que eliminaron el riesgo de la empresa, permitieron que la filial de Suez, Aguas Argentinas S.A., tuviera un margen de ganancia de 19 por ciento sobre su valor neto promedio. Las tarifas del agua, que la compañía dijo se reducirían en 27 por ciento, en realidad aumentaron 20 por ciento. El 50 por ciento de los empleados fueron despedidos, y Aguas Argentinas incumplió sus obligaciones contractuales de construir una nueva planta de tratamiento de las aguas residuales. Como consecuencia, más de 95 por ciento de las aguas residuales de la ciudad se vuelcan directamente al Río de la Plata.
SAUR distribuye el agua en todo Senegal en función de intereses de lucro. En 1996, la compañía obtuvo el contrato con un préstamo de 96 millones de dólares del Banco Mundial. El acuerdo establece explícitamente que su objetivo es la “recuperación del costo” -que significa ganancias para los inversionistas- y estipula la necesidad de cobrar por el costo del agua, incluso a los hogares pobres. Como resultado, al igual que en muchos otros países de África, numerosos ciudadanos senegaleses se ven forzados a utilizar sistemas de agua no tratada. El gobierno de Sudáfrica, por ejemplo, ha cortado el suministro de agua a más de 10 millones de personas en los últimos dos años porque no pudieron pagar el nuevo servicio privatizado, a pesar de una garantía constitucional que estipula el acceso de todas las personas al agua.
En un esfuerzo destinado a atraer fondos del Banco Mundial, el presidente de México, Vicente Fox, ha establecido un programa nacional llamado PROMAGUA. Ahora actúa en 27 de los 30 estados del país, y promueve activamente la privatización de los servicios de agua en ciudades de más de 100.000 habitantes. En gran medida financiado por una partida del Banco Mundial de 250 millones de dólares, PROMAGUA promueve que las ciudades abran sus sistemas públicos de suministro de agua a empresas privadas firmando concesiones de entre cinco y 50 años. Como consecuencia, las dos gigantes del agua, Suez y Vivendi, junto con United Utilities and Aquas de Barcelona, han realizado empresas conjuntas (joint ventures) con compañías mexicanas para asumir el control de los sistemas públicos de suministro de agua en función de intereses de lucro. Actualmente, cerca del 20 por ciento de los sistemas municipales de agua de México están privatizados. Lo que es más, hay numerosos ejemplos de que esas compañías privadas han aumentado las tarifas del agua y han suspendido los servicios a quienes no pueden pagar las cuentas, reduciendo a la vez la calidad del agua y negándose a realizar las inversiones necesarias para mejorar la infraestructura, como por ejemplo cañerías con problemas de filtración.
Historias como esas han provocado una gran reacción contra esas empresas, quey en muchos países están tocando una rápida retirada. Sin embargo, a pesar de una creciente oposición pública, el Banco Mundial acaba de anunciar que aumentó los fondos destinados a los proyectos de privatización de agua de 1.300 millones de dólares en 2003 a 4.000 millones para 2004. Esto es porque las empresas del agua están exigiendo una financiación garantizada para mantener sus márgenes de ganancia, aún cuando su presencia sea ferozmente resistida por la sociedad.
El Banco Mundial dice que ha aprendido de sus errores pasados. Sus acciones en torno a la creciente crisis mundial del agua muestran que sigue siendo la misma vieja institución, sin reformas.
El presente artículo ha sido reproducido de Economic Justice News (Vol. 7, Nº º, enero de 2004), una publicación de 50 Years Is Enough: US Network for Global Economic Justice.
Por más información consultar el estudio de los autores “Blue Gold, The Fight to Stop Corporate Theft of the World’s Water”, publicado en 17 países.
Maude Barlow es miembro de Council of Canadians y Tony Clarke del Instituto Polaris, de Canadá
